SOLIDARIDAD NO EQUITATIVA
A nadie escapa la necesidad de proteger a aquellas personas que no pueden desarrollar sus actividades con motivo de la emergencia sanitaria por la que atravesamos. Por ello es que el Estado se ve en la obligación de paliar en lo posible esa situación yendo en auxilio de las mismas.
La nomina de damnificados no termina con los trabajadores informales o con los cuentapropistas, que aun en la formalidad como los monotributistas o autónomos, no tienen acceso a un ingreso que signifique al menos una garantía mínima de ingresos para sobrevivir. Otro segmento de la población lo conforma la inmensa cantidad de trabajadores formales que ven impedida la posibilidad de trabajar dado el muy responsable respeto a la cuarentena que se les ha impuesto.
Las prohibiciones de desarrollar sus actividades que sufren amplios sectores de empresas PyMe por la cuarentena dispuesta, no exime a este sector de pagar los salarios de sus trabajadores aun en los casos en que tengan vedadas sus actividades normales. Como contrapartida es el propio Estado que promete ayudar a pagar sueldos que son imposibles de ser afrontados por una falta total de actividad en una enorme mayoría de empresas micro, pequeñas y medianas. Pero la ayuda no llega con la velocidad que se requiere.
Gran dilema para las autoridades: necesitan por otra parte del cobro de impuestos para afrontar aunque sea parcialmente esa necesidad ya que se impuso la obligación de atender las necesidades de aquellos que dejaron de tener ingreso alguno. Para eso son necesarios fondos que no dispone. Gran contradicción: se obliga a las empresas a pagar sueldos sin disponibilidades con promesas de ayudas económicas y a la vez se les impone el pago de los impuestos. Es como aquel que le pide a su acreedor que le haga un préstamo para pagarle lo que le debe.
Como resultado de esta situación se pide al sector privado que afronte gran parte de ese compromiso. Las empresas tampoco, por lo dicho anteriormente, disponen de fondos. Entonces… ¿qué hacer? En situaciones como las descriptas el Estado recurre a la emisión monetaria, medida perniciosa pero aparentemente única solución al problema. La diferencia con el sector privado, es que este sector no tiene esa prerrogativa.
Hasta ahora ese mismo Estado nacional, provincial o municipal no se priva de intentar cobrar religiosamente los impuestos. Mas presión entonces para aquellas empresas que ya empiezan a ser inviables. Las mismas ya empiezan a afrontar la inevitable interrupción de la cadena de pagos que ha sido agravada por la inactividad del sistema bancario. Es esto último lo que resalta una de las desigualdades que existen entre el Estado y actividad privada.
No cabe duda que el Estado debe hacer frente a las erogaciones relacionadas con el sistema de salud, la seguridad, algunos servicios imprescindibles, etc. Pero el 39% corresponden a sueldos de quienes responsablemente no concurren a trabajar, pero siguen cobrando sus sueldos íntegramente a pesar de todo.
Se excluirá para esta nota de exprofeso la tan proclamada disminución de los ingresos de “los políticos”. No resulta una discusión oportuna ni son relevantes sus montos totales. Si serian una señal importante para mostrarse solidarios ante el gravísimo problema por el que se atraviesa.
Y retomando la solidaridad, habrá que analizar seriamente que la masa de dinero que eroga el Estado incluye al 39% que corresponde al sector de empleos públicos, mayoritariamente improductivos, que aunque responsablemente no concurren a sus trabajos, de algún modo deberían hacer algún tipo de aporte para morigerar la presión a que se ve sometida la actividad privada. Seria interesante analizar de qué manera los ingresos de aquellas personas que no concurren a sus trabajos pueden dar también ellos una muestra de solidaridad. No es de incumbencia de esta columna de cuantificar ni los montos ni las formas de progresar con esta propuesta. Pero habrá que considerar que al fin esos empleados que no están gastando en viajes, en almuerzo y otros gastos que inevitablemente se generan cuando se asiste a los diferentes puestos de trabajo podrían atenuar los gastos de un exhausto Estado. Sin duda este aporte sí podría ser una cifra importante.
En otro orden de cosas no se puede dejar de considerar el posible desabastecimiento de comercios que se dedican al abastecimiento de alimentos y otros servicios esenciales. Ya han perdido el crédito. Y las empresas productoras y a la vez proveedoras de las anteriores de estos insumos necesarios para la vida diaria, corren también el riesgo de no disponer de capital de trabajo, sea por aumento de costos de sus insumos, de imposibilidad de financiamiento o de tener que suspender su actividad por la disminución de su dotación de la plantilla de trabajadores, entre otras cosas, por la posibilidad de verse forzados a cumplir con la cuarentena dando lugar a que esa fábrica se cierre.
Tampoco es solución aplicar precios máximos que pueden llegar a controles de tipo policial (que posiblemente se delegaran en poderes incontrolables de intendentes), o la aplicación de la tan aborrecible Ley de Abastecimiento n°20.680, fundamentos de otras épocas que ya han demostrado su fracaso intentando mantener un poder de compra por parte del consumidor que ya está en zona de riesgo. Por otra parte se avecina la inevitable devaluación del peso que hará aumentar los costos y por ende los precios.
En estos análisis hay que poner el foco en el costo fijo, quiere decir lo que literalmente se lee: su prorrateo en producciones reducidas aumentando entonces su incidencia en el precio de los productos y su inevitable consecuencia del traslado de los mismos a los precios.
Como se ve, hay una serie de inconvenientes que seria deseable que el Estado trate de ir superando con la mayor premura. Se podrá entonces intentar equilibrar en algo disminuyendo lo que propone el título de esta nota.
Osvaldo E. Dapuetto abril 13,2020
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