Premio a la Marginalidad

Por información emanada de múltiples canales de estadísticas, oficiales y privadas, se admite que al menos un 40% de los trabajadores en Argentina no están registrados oficialmente.
Esta situación lleva décadas y lo único que fue variando es el porcentaje de marginalización que involucra tanto a trabajadores como empleadores.
En épocas ya pasadas hace bastante, el Ministerio de Trabajo contaba entre su plantel con inspectores que recorrían físicamente las unidades comerciales e industriales a verificar el cumplimiento de las elementales normas de registración obligatoria. De ahí el sentido de los libros llamados de Sueldos y Jornales, los que en la actualidad solo sirven para generarle al empleador costosos y tortuosos tramites y eventualmente para que un Perito verifique la situación del trabajador ante un eventual conflicto judicializado.
En este punto se pueden hacer varias consideraciones. El Estado hoy cuenta para todo el país con no mas de medio centenar de inspectores. En el caso de las PyMES, que según cifras mas o menos actualizadas alcanzan a 600.000, ni vale la pena calcular la imposibilidad de cumplir con el sentido para el cual se creó ese cuerpo de verificación. El Ministerio de Trabajo debería aplicar a esta función a muchos de sus empleados que llenan escritorios sin tareas útiles y aumentan desmedidamente la burocracia que caracteriza al empleo publico. Al menos, una parte, aunque sea mínima, tendría entonces razón de ser. Y si no alcanzaran o no se dispusieran, hay un sinnúmero de organismos sobresaturados de empleados que no contribuyen para nada con la vedadera función del Estado, tal como es la de actuar como organismo de contralor.
Otra critica deberá hacerse a las organizaciones empresarias que no levantan la voz en este tema, no instruyendo a sus asociados. Al menos hay dos importantes razones: el riesgo por accidente que corre el empleador y la competencia desleal que se genera entre los cumplidores de la ley que desarrollan actividades similares.
De todos modos, la realidad es que al menos uno de cada tres trabajadores no aporta a los servicios sociales ni impositivos. Por lo menos hacerlo por defender con sus aportes su futura jubilación. Otro factor que pone en crisis al discutible sistema de reparto.
Y como si fuera poco en momentos de la grave crisis que se atraviesa, los que respetando la ley pagando sueldos sin generar ventas, son compelidos a cumplir con sus obligaciones para con el Estado: este utiliza esos fondos para generar un ingreso extra a esos trabajadores que no hacían aportes. Es decir, ¡se reconoce la evasión y se subsidia a aquellos que evadían sus impuestos!
Se presenta entonces una buena oportunidad para utilizar la informática y todos los medios de cruces de datos para que con esa base, en el futuro, se tengan detectados a esos evasores tanto trabajadores como sus empleadores. Buena oportunidad también para la AFIP que podría aportar para esta tarea una porción de sus atiborrados planteles de funcionarios. Sería mucho más productiva que ir a la caza y castigo de posibles evasores que ya están registrados legalmente las que obedecen muchas veces a pequeñas fallas administrativas y que en muchos casos emanan desde su propia ineficiencia.
Otro tema que será motivo de ampliación se justifica tratarlo aunque sea muy superficialmente: es el referido a la prohibición de los despidos, medida absurda que supera aun la anterior dentro del mismo enfoque como es el del problema laboral tal como lo era la duplicación de las indemnizaciones.
En esta coyuntura, donde la actividad va desde nula hasta un 40 a 50%, se conmina a los empleadores a hacer frente al pago de sueldos y jornales, con algunas ayudas que no terminan de plasmarse claramente en disposiciones que permitan un alivio efectivo.
Por ejemplo, si una empresa para su subsistencia debiera prescindir de una parte de su personal, o proceder a suspensiones, la promulgación de un DNU impide hacer uso de estas alternativas de protección a su subsistencia. Si lamentablemente se materializara el cierre de esa empresa, se lograría ya no solo que una parte de su personal quede desocupada: quedaría toda su plantilla en la misma situación. Un verdadero desatino.
Finalmente queda en consecuencia saber entonces quien o quienes se benefician con la marginalidad. Seguro que una parte de los subsidiados serán agradecidos a la política, ante el hecho de poder recibir un subsidio no ganado o bien un sobresueldo, según sea el caso, que fomente aún más su irregular situación.
Osvaldo E. Dapuetto junio 7 de 2020