Informalidad, una ilegalidad aceptada por todos.
Con mucha asiduidad hemos escuchado en los últimos tiempos relacionar la palabra empleo junto con la de empleo informal. Hasta existen estadísticas muy serias hechas por reconocidos profesionales y por el Estado mismo que le han puesto cifras a esa ilegal situación de precariedad laboral.
Al respecto, desde estas líneas en otras oportunidades hemos hecho referencia a algunas consecuencias que les acarrea tanto a trabajadores como empleadores, las que se refieren a una serie de desventajas que por no previstas, muchas veces no dejan de ser de gran inconveniencia. Vale la pena insistir: para ambas partes. Y aquí podemos agregar a otros actores de la vida económica que indirectamente también se involucran al tomar como casi una normalidad una verdadera ilegalidad. Estas otras partes podArían ser en un primer análisis, tanto el Estado como las empresas que se rigen por normas legales y de cumplimiento obligatorio.
Veamos entonces, aunque someramente, cuales son los perjuicios para cada uno de los sectores que se involucran directa o indirectamente en esta situación.
El trabajador pierde una serie de beneficios por esta causa, tales como cobertura médica, aportes a la seguridad social que algún día le serán necesarios para su jubilación, ausencia de protección ante accidentes o enfermedades, el tan discutido derecho a indemnizaciones por despido, etc., entre tantas otras. Pero lo que pierde no es tanto como parece. Es necesario reconocer que muchos de estos trabajadores imponen a su ocasional empleador la condición de trabajar de esa manera. Entonces habrá que preguntarse la razón y como compensa las desventajas. Las respuestas no son tan complejas: en por lo menos las dos décadas pasadas la mayoría de ellos, aduciendo no tener trabajo ni conseguirlo, obtiene subsidios de toda naturaleza. Es ahí entonces donde radica su ventaja y disimula los otros riesgos. La atención medica la garantiza el Estado en forma gratuita, los despidos y otros reclamos de las leyes laborales en general son bien contemplados por la Justicia del Trabajo, aceptando a veces pruebas que no son tales. Las enfermedades o accidentes comunes o profesionales los prueban con testigos que muchas veces, estos ultimos ni saben cual es su relación con el querellante. Resumiendo: los costos son entonces mucho menores que los beneficios. Y esto lo sabe muy bien el Estado, que es el mayor empleador que tiene una inmensidad de empleados contratados, además de incluir en las remuneraciones que paga, adicionales “no remunerativos” que no generan ningun tipo de impuesto (salvo Ganancias) y que tampoco son computables como ingresos que justificarian un ingreso mayor para el futuro pasivo.
Otro perjudicado es el Estado que “hace que no ve” lo que ocurre. Su excusa es que cumple con una frágil protección a una población de recursos escasos. Que le cuesta dinero pagando los mencionados subsidios -cada vez mas numerosos- como tambien en la falta de ingresos por esa anómala situación. Pareciera que se quiere lograr un marcado paternalismo a costa de egoístas medidas de corte populista.
Es obvio entonces pensar que en la lógica de la cadena de la economía una situación de anormalidad repercute también transversalmente provocando una serie inimaginable de perjuicios. Aquellos contribuyentes cumplidores tienen frente a si competencias de costos que tienen que morigerar de alguna manera.
Entonces se vuelve a enfrentar al sistema a otro dilema: perder competitividad o entrar en el complejo laberinto de la evasión, aun a riesgo de sufrir graves consecuencias. Porque es ahí, en aquellos cumplidores de las leyes donde abrevan todas las regulaciones, imposiciones, multas, etc. a los que están sometidos por el organismo de recaudación. Este último, dicho más vulgarmente, “pesca en la pecera”. No busca quienes no figuran en sus registros, se ensañan con el sufrido contribuyente, aun en los casos que por alguna necesidad circunstancial o por algún error aunque sea mínimo y entonces a ese sí le proporcionan el mayor castigo posible.
El horrible trance que vivimos con esta epidemia que nos trastocó la vida, parece que también ha alterado la racionalidad. Debemos escuchar que se dan subsidios “para los informales”, como si fueran una categoría licita de la población trabajadora, pero que no trabaja. Lamentablemente ya es moneda corriente escuchar mencionar a esta franja de la población como algo natural, lógico y hasta casi legal, comenzando por el Sr. Presidente de la Nación, pasando por funcionarios y ya, por todos nosotros.
Parece que la informalidad, a la que solo le falta status juridico, ya la hemos aceptado como normal.
Osvaldo E. Dapuetto – Mayo 12, 2020