EDITORIAL del 9-10-2020
Ricardo Sáenz*
La primera noticia que quiero contarles se refiere al proyecto que tramita en el Senado por el cual se le quitan más fondos de la coparticipación de impuestos a la CABA. Recordemos que ya se le sacó un poco más de un punto que tiene que ver con los gastos que genera la Policía de la Ciudad, y que resulta evidente que el gobierno (en este tema me animo a decir sus dos alas) quiere causarle daño a esta jurisdicción y especialmente a su jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que es el político con mejor imagen en la sociedad, según la gran mayoría de las encuestas. Esta primera reducción se hizo por decreto del presidente y está demandada en la justicia. Sin duda es de los grandes temas que tendrá la Corte Suprema para resolver debido a las implicancias políticas del tema, de la misma manera que ya ocurrió con la decisión sobre el per saltum en el caso de los jueces trasladados, como vamos a ver después.
La segunda noticia destacada fue el dictamen del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, en el sentido de que la Corte Suprema debería dar la razón a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli en cuanto a la firmeza de los traslados dispuestos oportunamente y su permanencia en los cargos que vienen desempeñando. Se trata del mismo expediente en que la Corte hizo lugar al per saltum pedido por los jueces desplazados por la cuestión del traslado y ahora debe decidir sobre el fondo, es decir, si los traslados son válidos (como postula el Procurador General), o si no lo son y los jueces deben volver a sus cargos anteriores, como pretende el Senado.
Otra cuestión para analizar en esta columna es el ataque que el oficialismo dirigió contra la Corte Suprema por la resolución que expliqué recién, o sea, el famoso per saltum. Si bien las declaraciones y presentaciones fueron realizadas por dos personajes representativos de las ideas del gobierno, hay que destacar que se trata de legisladores más cercanos al ala cristinista que a la que rodea al presidente de la Nación.
La primera manifestación fue el pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, formulado por la diputada Vanesa Siley, que además es consejera del Consejo de la Magistratura, razón por la cual su presentación tiene más peso. Ahora bien, su denuncia no se refiere a que Rosenkrantz haya convocado a la Corte a tratar el pedido de per saltum, no, el objeto es lo resuelto por el juez hace tres años en una causa de lesa humanidad. Si bien el fallo era firmado por tres jueces, el pedido de juicio político, obviamente, se dirige solo contra el presidente de la Corte. Una jugada que le permite a la diputada afirmar que la causa del pedido es anterior al tema del per saltum, y a mi me permite hacerles notar que no existen las casualidades y que si es una jarra de vidrio con un líquido blanco al lado del termo de café, es leche, aunque nos quieran hacer creer otra cosa.
Como no era suficiente ruido el del pedido de juicio político del presidente de la Corte, apareció el diputado Leopoldo Moreau a decir que todo el tribunal estaba agotado y que no tenía el nivel de otras épocas (para demostrar que son capaces de girar en el aire sin mover una pestaña, elogió al fallecido juez Carlos Fayt, al que no dudaron en defenestrar cuando querían su renuncia).
La cuestión continuó ayer (no puedo afirmar que terminó) con el desaire que el Poder Ejecutivo le hizo al Presidente de la Corte, frente a una invitación a una reunión sobre implicancias de los delitos contra los Derechos Humanos. Una descortesía que se enmarca en este enfrentamiento injustificable.
La verdad, todo este asunto de atacar a la Corte, antes y después de su decisión de abrir la instancia para resolver el caso de los jueces trasladados, es una seguidilla de desaciertos que corroe las instituciones, con discursos altisonantes carentes de contenido técnico, que solo buscan hacer ruido, mientras la sociedad, como tantas veces ya dije en estos comentarios, sigue angustiada por el virus, por la enorme crisis económica y por los niveles crecientes de inseguridad.
La última noticia de la semana viene de arrastre de varios días atrás. Es una especie de miniserie caribeña y tiene que ver con la vergonzante posición argentina respecto de los derechos humanos en Venezuela. Quiero hacerles notar que dije posición vergonzante y no vergonzosa. Vergonzante se refiere a que pareciera que nuestro país se avergüenza de afirmar que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos de sus habitantes. Como si lo hiciera hablando bajito y en puntas de pie, para que nadie se enoje.
Hay muchas especulaciones relativas a si la posición de denunciar a Venezuela en la ONU es para quedar bien con EEUU y el Fondo Monetario, si es la posición del ala Alberto o del ala Cristina, si los embajadores obedecen las directivas de la Cancillería o son cuentapropistas, y un largo etcétera. Sin duda Venezuela es un límite, una muestra de cómo cada sector de la coalición de gobierno se posiciona en materia de política exterior, y también en política interior, como la judicial y la económica.
*Autor de Mucho que contar